Las comisiones de Relaciones Exteriores e Industria del Senado dictaminaron esta tarde el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido como PCT. El acuerdo fue firmado por Argentina en el siglo pasado, aprobado por el Senado en 1998 y votado por Diputados recién en agosto pasado.
Como la Cámara baja modificó el texto y dejó en reserva el capítulo II, el tema volvió a segunda revisión. Con el despacho firmado, el acuerdo quedó listo para ser sancionado si el oficialismo cierra con aliados y solicita llevarlo al recinto el jueves próximo.
La adhesión al PCT es uno de los requisitos del acuerdo comercial con Estados Unidos. También figura entre los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
El Gobierno quiso acelerar el convenio original en Diputados, pero se cruzó con la postura de los laboratorios. Antes de firmar un dictamen, se reservó el capítulo II, que implica que una patente registrada tenga vigencia por 20 años en todos los países miembros.
Desde el sector advirtieron sobre el Evergreening (Reverdecimiento), una práctica de laboratorios multinacionales que podrían usar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes, sin aportar mejoras terapéuticas reales, y extender de forma artificial un eventual monopolio y bloquear la competencia.
También señalaron que el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) podría perder soberanía, porque los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.
El titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni (Formosa), dijo que Argentina es uno de los pocos países no adheridos al tratado y que lo que rige en patentes es un acuerdo anterior de 1884.
La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, defendió que la cooperación no significa resignar soberanía en términos de lo que los argentinos son capaces de inventar. Aseguró que la propuesta no crea una patente mundial, no obliga a Argentina a conceder patentes y tampoco le quita la facultad de decidir qué invenciones merecen protección conforme a la legislación nacional.
Para la senadora porteña, el país tiene científicos, universidades y empresas para innovación. Si se sanciona el acuerdo, esos actores del mundo tecnológico podrán proyectarse internacionalmente. Lo calificó como una gran herramienta para instituciones como el Conicet o empresas privadas que investigan y generan nuevos productos para el adelanto de la ciencia.
Bullrich advirtió que hoy un investigador puede publicar un avance y perder la posibilidad de patentarlo. Con el tratado, la primera información queda registrada y da una protección adicional, lo que genera previsibilidad y mejores herramientas.
El kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco) no compartió la lectura oficialista. Dijo que si el acuerdo perjudica de manera notoria, hay que exponerlo con un análisis de costo-beneficio; de lo contrario, en vez de favorecer la soberanía, se aumenta el grado de dependencia.
Desde Convicción Federal, el catamarqueño Guillermo Andrade dividió su apoyo entre las posturas de Bullrich y las del ex gobernador y ex jefe de Gabinete. Un puñado de invitados por la oposición criticaron el acuerdo y advirtieron sobre el impacto en los medicamentos.
La discusión tiene impacto en CABA y el conurbano, porque el tratado afecta a universidades, empresas y centros de investigación que buscan proteger invenciones y competir internacionalmente.
Con información de: Infobae.
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