El Gobierno presentó este viernes una denuncia penal contra 25 detenidos por los incidentes de la quinta marcha por la ley de financiamiento universitaria.
El escrito reclama investigar resistencia y atentado a la autoridad agravado, lesiones agravadas y daño agravado. Si los imputados resultan culpables, podrían recibir penas de hasta 9 años de prisión.
La presentación fue realizada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Alejandra Monteoliva. El reclamo apunta a la intervención de la Justicia federal por los ataques contra efectivos de fuerzas federales y la presunta afectación de la actividad del Congreso.
Las detenciones quedaron bajo intervención de la Unidad de Flagrancia Este de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del fiscal Santiago Almeida y de la jueza Araceli Martínez. La denuncia del Gobierno busca que los hechos sean investigados en el fuero federal.
Por su parte, el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, puso a cuatro mayores de edad detenidos por la Policía de la Ciudad a disposición de la fiscalía de turno para su indagatoria. Mientras, dos menores de edad fueron dejados en libertad, informaron fuentes judiciales a Clarín.
Los incidentes dejaron ocho efectivos de fuerzas federales heridos, dos periodistas agredidos y daños en bancos, contenedores y otros elementos del espacio público. Los enfrentamientos se produjeron en las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos, donde se desarrolló una movilización masiva y pacífica.
Según la versión oficial, un grupo de alrededor de un centenar de personas, ubicado frente a las columnas del MST y el MAS, arrojó piedras y palos contra los policías e intentó superar el vallado que protegía el Congreso. Luego los policías lanzaron gases lacrimógenos que afectaron el palco principal de la marcha universitaria ubicada detrás del monumento de la plaza.
Dentro del Palacio Legislativo, la sesión de Diputados convocada para tratar la derogación del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, del presidente Javier Milei, se cayó por falta de quórum.
La denuncia lleva las firmas de Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios del área de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de Seguridad.
Según el Ministerio, hubo personas que actuaron con los rostros cubiertos para evitar ser identificadas y utilizaron objetos contundentes contra la infraestructura cercana al Congreso y contra los integrantes del operativo de seguridad. Los denunciantes sostuvieron que los efectivos fueron blanco de ataques reiterados mientras cumplían funciones en el marco del protocolo del Ministerio de Seguridad.
El planteo oficial incorporó, además, una hipótesis sobre el objetivo de los disturbios: sus protagonistas podrían haber buscado obstaculizar, parcial o totalmente, la actividad legislativa prevista para esa jornada. Ese argumento ocupa un lugar central en el reclamo de intervención federal.
Para respaldar la denuncia, los abogados informaron que acompañaron grabaciones de los episodios de violencia. También solicitaron los partes operativos, las actas de procedimiento, las comunicaciones y los registros audiovisuales de las fuerzas que participaron del despliegue.
Otra de las medidas reclamadas apunta a documentar las lesiones. El Ministerio pidió incorporar certificados médicos y constancias de la atención recibida por los efectivos heridos, además de identificar a los responsables.
Con información de: Clarín, fuente principal.
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