La senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo senatorial, anunció este miércoles un acuerdo con aliados para dictaminar mañana una nueva ley de salud mental. Lo hizo en su despacho junto a sus colegas de bancada y a los presidentes de las comisiones de Salud y Legislación General, Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez.
El texto prevé prioridad para médicos psiquiatras sobre psicólogos en decisiones delicadas, aunque ambos formarán equipos interdisciplinarios. Las internaciones involuntarias serán notificadas a un juez, que no tendrá injerencia en la medida. También se reasegura la cooperación entre Nación y provincias en el financiamiento.
La norma ampliará el concepto de adicciones e incluirá la ludopatía. Se activará una delimitación para familiares en representación de pacientes, se impondrán diferenciaciones entre adultos e infanto-juveniles y quedará prohibida la práctica de manicomios. Además, habrá un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras de prevención.
El plenario de comisiones fue convocado para las 15.30 de mañana, aunque la semana tuvo poca asistencia y hay cautela por el quorum necesario. Si se logra dictaminar, se piensa en una sesión para el jueves próximo, con el guiño de dialoguistas. La puja entre profesionales generó una disputa entre Nación y provincias en el Consejo Federal de Salud.
En las internaciones, se reemplazará la exigencia del psiquiatra por médico con preferencia a esa especialidad o con formación en salud mental, junto a otro firmante, que apunta a ser psicólogo y tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Se permitirá la videoconsulta para zonas alejadas de centros urbanos, donde hay menor presencia de personal dedicado al tema.
El dato difundido por Infobae y validado en parte por Bullrich indica que hoy existen poco menos de 4.000 psiquiatras generales y 454 infantojuveniles, frente a 100.000 psicólogos matriculados. Todos los trabajadores involucrados deberán contar con capacitación permanente. Otro ítem que terminó de inclinar la balanza fue la restitución de la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones.
En cuanto a familiares, se limitaría la intervención a padres o hijos y se mantendrán los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios. La noticia sigue en desarrollo.
Para la Ciudad de Buenos Aires, el anuncio involucra a la senadora porteña y a un régimen nacional para internaciones, equipos y financiamiento. Para el conurbano, la videoconsulta apunta a zonas alejadas de centros urbanos con menor presencia de personal.
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