La senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto de resolución para exigir explicaciones a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto a cargo de la Procuración Penitenciaria de la Nación, por su actuación en el traslado de detenidos desde Devoto al nuevo complejo federal de Marcos Paz. La iniciativa le atribuye una conducta que, según la legisladora, obstaculiza el vaciamiento y cierre de la cárcel porteña.
El proyecto, ingresado por la Mesa de Entradas del Senado el miércoles 14 de octubre, reúne nueve pedidos de información sobre las gestiones de la Procuración, los criterios para asignar plazas, las condiciones de alojamiento y los controles de seguridad. Bullrich solicitó que el funcionario entregue un informe “pormenorizado, documentado y por escrito” dentro de los 15 días hábiles posteriores a una eventual aprobación.
Por ahora, se trata de una presentación parlamentaria. Para que el requerimiento sea formal, deberá contar con el aval de la Cámara. La senadora busca que Cejas Meliare responda, entre otros puntos, por las intervenciones judiciales de la PPN durante la reorganización de la población carcelaria.
El cuestionamiento central figura en el tercer punto del proyecto. Bullrich le reclama que explique la “flagrante contradicción institucional” entre los reclamos históricos por mejores condiciones de habitabilidad y la oposición judicial al cierre de la cárcel. “Explique la flagrante contradicción institucional de exigir durante años la mejora de las condiciones de habitabilidad, para luego oponerse judicialmente al cierre definitivo y traslado inminente de los internos del Complejo Penitenciario Federal de la CABA (Cárcel de Devoto)”, plantea el texto.
La iniciativa define al penal, inaugurado en 1927, como un establecimiento “manifiestamente obsoleto”. Además, cuestiona las mesas de trabajo promovidas por la Procuración, que —según la interpretación de la senadora— demoran la relocalización de los internos e interfieren con el convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la clausura.
La ofensiva de Bullrich se produjo mientras la controversia ya registraba decisiones judiciales en dos instancias. El jueves 15 de octubre, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo y correctivo que había promovido la PPN por el traslado de internos a Marcos Paz.
La resolución fue firmada por los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López. Los jueces mantuvieron el criterio de primera instancia, aunque ordenaron precisiones sobre la comunicación de los traslados a las defensas y los tribunales, además del acceso de los inspectores penitenciarios a los establecimientos.
La presentación de la Procuración alcanzó a 326 detenidos. El organismo cuestionó que algunos movimientos se realizaran sin informar con anticipación los destinos a las defensas y a los juzgados intervinientes. También advirtió sobre el impacto para quienes estudiaban en el Centro Universitario Devoto, dentro del programa UBA XXII, y para los internos con salidas transitorias.
El juez Santiago Bignone, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, rechazó la acción colectiva, de acuerdo con el dictamen del fiscal Pablo Recchini. Entendió que no se acreditó una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Añadió que los reclamos por derechos individuales debían ser tratados por los magistrados competentes en cada caso.
La Cámara sostuvo esa decisión. Aunque señaló que las notificaciones no se ajustaron por completo al protocolo, concluyó que no se había demostrado un perjuicio concreto que justificara anular los traslados ya efectuados.
Nota con información de Infobae.
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